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Sanidad estudia una norma alternativa a la Ley Sara, suspendida por la Audiencia Nacional

Lunes, 25 nov. 2024. REDACCIÓN
El Ministerio de Sanidad trabaja en nuevas medidas regulatorias dotadas de la mayor seguridad jurídica para que el ejercicio profesional de la cirugía estética sea realizado por médicos con la especialidad adecuada, después de que la Audiencia Nacional, en un auto, haya dejado en suspenso la orden ministerial que restringía la realización de operaciones de cirugía estética a profesionales titulados en dicha especialidad.
Sanidad ha decidido no recurrir el auto, siguiendo las recomendaciones de la Abogacía del Estado, que plantea como mejor estrategia la defensa en el juicio contencioso administrativo, instancia en la que se analizará el fondo el asunto.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicaba el pasado 21 de septiembre la orden ministerial de modificación del anexo II del Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, por el que se establecen las bases generales sobre autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios. Esta orden busca garantizar que los procedimientos sean realizados exclusivamente por profesionales con la formación y titulación adecuadas, respondiendo así a una creciente demanda social y sanitaria para que se controle mejor esta actividad ante la proliferación de centros en un sector que ha experimentado un enorme crecimiento en los últimos años. Además, actualiza la definición de la Unidad Asistencial de Cirugía Estética, que aparece en el anexo II del Real Decreto 1277/2003, y que engloba todas las actividades y procedimientos relacionados con la cirugía estética y se establecen las bases sobre autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios.

Alternativas a la orden ministerial

La denominada Ley Sara fue aprobada en forma de orden ministerial y entró en vigor en septiembre, tras una campaña promovida por los familiares de Sara Gómez, una alcantarillara que murió en 2022 días después de someterse a una lipoescultura en una clínica de Cartagena. Los familiares, además de emprender acciones judiciales contra el cirujano, el anestesista y la clínica, proponían que el Parlamento aprobara una norma que impidiera que médicos y cirujanos que no tienen la especialidad de cirugía estética y reconstructiva pudieran realizar este tipo de operaciones, cuyo número se ha multiplicado y se han convertido en un floreciente negocio que ofrecen ya en España miles de médicos y clínicas que no cuentan con personal especializado.
Tras la entrada en vigor en septiembre de este año, un particular y la Asociación Española de Cirugía Estética presentaban un recurso contra la norma. La sala de la Audiencia Nacional que se ocupa del caso ha dictado suspensión cautelar de la norma mientras entra a valorar el fondo de la misma. Los familiares de Sara Gómez han mostrado su profunda decepción por esta decisión judicial.
El Ministerio está trabajando en otras alternativas reguladoras dotadas de mayor seguridad jurídica, distintas de la orden ministerial recurrida, con el objetivo de que el ejercicio profesional de la cirugía estética se limite a médicos con la especialidad en Cirugía Plástica, Estética y Reparadora y a aquellos con otra especialidad quirúrgica o médico-quirúrgica que incluya competencias en cirugía estética en su programa formativo oficial.
«La lucha contra el intrusismo profesional dentro de la medicina es un compromiso del Ministerio de Sanidad, que continuará trabajando para garantizar que este tipo de intervenciones sean realizadas exclusivamente por profesionales con la formación específica y titulación adecuadas y en áreas que estén directamente relacionadas con su especialidad médica», señala el Ministerio. Responde además a la Proposición no de Ley sobre Cirugía Estética y Lucha contra el Intrusismo y las Pseudociencias, aprobada el 15 de septiembre de 2022 por el Congreso de los Diputados a instancias de la familia de Sara Gómez.

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