IU critica “la inacción de la Administración regional y la lentitud de la Justicia” en el caso Sara Gómez

Miércoles, 8 oct. 2025. REDACCIÓN
El diputado regional de Izquierda Unida José Luis Álvarez-Castellanos, junto a los familiares de Sara Gómez, ha hecho pública su denuncia este martes frente a la Consejería de Salud por “la inacción de la Administración regional y la lentitud de la Justicia” en el caso de Sara Gómez, la joven alcantarillera fallecida en diciembre de 2021 tras una intervención estética en un hospital privado de Cartagena. IU sostiene que este centro “carecía de la autorización sanitaria necesaria para realizar ese tipo de operaciones”.

Álvarez-Castellanos ha presentado una batería de ocho iniciativas parlamentarias registradas por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida y Podemos en la Asamblea Regional, que dan continuidad a la moción aprobada el pasado mes de mayo. Estas iniciativas buscan esclarecer las responsabilidades de la Consejería de Salud y exigir el cumplimiento de la normativa sanitaria vigente.
El diputado de izquierdas ha querido subrayar la actitud ejemplar de la familia: “Quiero expresar mi admiración y respeto a la familia de Sara por la dignidad con la que están afrontando este proceso. Han colaborado con la Justicia y con la Administración sanitaria, aportando datos valiosísimos que han permitido destapar unas prácticas quirúrgicas fraudulentas que costaron la vida a su hija, su hermana, su madre. Gracias a ellos hoy conocemos mucho más de lo que ocurrió”.

IU denuncia la falta de inspecciones y la permisividad con el hospital

Entre las cuestiones que Izquierda Unida ha trasladado a la Asamblea Regional se incluyen varias preguntas dirigidas al consejero de Salud sobre las inspecciones realizadas al hospital en el que fue operada Sara Gómez desde diciembre de 2021, fecha en la que se produjo la operación.
“Sabemos que el hospital no obtuvo la autorización sanitaria hasta el 25 de agosto de 2025, casi cuatro años después de los hechos y sólo tras una denuncia de la familia”, ha explicado Álvarez-Castellanos.
El diputado ha recordado que el Decreto 73/2004, que regula la autorización sanitaria de centros y servicios, prevé sanciones y medidas como la suspensión de la actividad o la imposibilidad de concertar servicios sanitarios. Sin embargo, “nada de eso ha ocurrido: el hospital ha seguido recibiendo fondos públicos, más de 12 millones de euros desde 2021, sin que conste una sola inspección”, ha lamentado Álvarez-Castellanos.

Por su parte, el hermano de Sara, Rubén Gómez, ha hablado en nombre de la familia y ha denunciado la inacción de las autoridades regionales: “Hemos acudido hoy a la Consejería de Salud para denunciar el total desprecio, desamparo y abandono por parte de las autoridades sanitarias de la Región de Murcia hacia nosotros. En Murcia, sale gratis que un hospital privado opere durante años sin licencia sanitaria, acumulando un rastro de sangre con una larga lista de víctimas, incluso mortales, como mi hermana”, ha explicado.

El hermano de la víctima ha subrayado que los responsables siguen impunes: “Los trabajadores implicados, como el anestesista, tienen dos expedientes abiertos, uno de ellos resuelto hace dos años que jamás se cumplió. El otro expediente no sabemos en qué estado está, ni nos informan. Eso tiene un nombre: encubrimiento y prevaricación. Ya no podemos hablar solo de corporativismo sanitario. Tenemos que hablar de corrupción sistemática en la Región de Murcia».
El caso de Sara Gómez está actualmente en los tribunales tras la denuncia presentada por la familia contra el cirujano, el anestesista y el hospital en el que se realizó la intervención.