¿Y si los políticos fuesen víctimas de la talidomida? Los afectados denuncian su falta de respuesta
Viernes, 23 sep. 2022. MARIO CRESPO
Avite, la Asociación de Afectados por la Talidomida, con sede en Alcantarilla, continúa su protesta incesante contra la clase política por no haber cumplido su promesa de ayudar e indemnizar a los afectados por este fármaco de la multinacional Grünenthal. En los años 60 diversos fármacos de la farmacéutica con el principio activo talidomida causaron graves malformaciones en las extremidades a los fetos de las embarazadas que tomaban el medicamento.
‘Justicia talidomida’, la nueva campaña de Avite, supone una vuelta de tuerca más en el enfrentamiento entre la organización nacional que representa a los afectados y el Gobierno central. Y el escenario no son esta vez los tribunales o el Congreso de los Diputados, sino la imagen fotográfica de los políticos con extremidades deformadas, tal y como les ocurre a los afectados por la talidomida. Las imágenes, que son claramente un montaje denuncia, muestran a diez políticos: Pedro Sánchez y la ministra de Sanidad, Carolina Darías (PSOE); Alberto Núñez Feijóo y Ana Pastor (PP); Pablo Iglesias, Pablo Echenique y Ione Belarra (Podemos); Inés Arrimadas y Edmundo Val (Ciudadanos); y a Santiago Abascal (Vox).
La campaña está pensada para su difusión en redes sociales y Avite pide a los internautas que utilicen las imágenes para difundirlas e incluso ponerlas en sus perfiles personales, a razón de una al día, para equilibrar la crítica entre todos los partidos.
El Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad una modificación a la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2018 para hacer una provisión para indemnizaciones a los afectados por la talidomida (que Avite estima en unos tres mil en España), junto con un proceso de reconocimiento de los mismos y el compromiso de que el Gobierno instase a la farmacéutica a cubrir esas indemnizaciones. Sin embargo aún no ha ocurrido nada de ello y los afectados siguen sin reconocimiento y sin indemnizaciones.
Por este motivo interpusieron una demanda contra el Estado que fue rechazada por la Audiencia Nacional y que Avite recurrirá ahora ante el Supremo.
