Avite recurre al Supremo la sentencia que niega a los afectados de la talidomida el derecho a ser indemnizados
Domingo, 18 sep. 2022. MARIO CRESPO
Avite, la Asociación de Víctimas de la Talidomida, asociación nacional con sede en Alcantarilla, ha anunciado la presentación de una recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional.
El abogado de la Asociación, Ignacio Martínez, registró el pasado 14 de septiembre escrito de preparación de rescurso de casación. En la demanda desestimada por la Audiencia Nacional, Avite pedía una importante compensación económica al Gobierno por los daños sufridos por los hijos de mujeres embarazadas que en los años 60 tomaron medicamentos que contenían talidomida, un principio activo que se demostró causaba daños en el feto, con deformación de las extremidades.
El Congreso de los Diputados aprobó hace cuatro años una disposición adicional a los Presupuestos Generales del Estado de 2018 que incluía partidas para indemnizar a las víctimas. Se preveía para ello la aprobación de un decreto, un proceso de reconocimiento de los afectados y que el Gobierno recabase de la farmacéutica alemana Grünenthal la colaboración económica para indemnizar a las víctimas.
Cuatro años después ni se ha aprobado el decreto ni se ha reconocido a la mayoría de los afectados ni el Gobierno ha tratado el asunto con la farmacética ni ningún afectado ha cobrado indemnización alguna. Todo ello motivó que Avite presentara la demanda, que fue rechazada hace unos meses por la Audiencia Nacional.
En la sentencia, la sala señala que el texto aprobado por el Congreso de los Diputados no contenía plazo para la aprobación del decreto, y que tampoco obligaba al Gobierno a gestionar con la farmacéutica las indemnizaciones, aunque lo señalaba como intención. Y aunque los jueces reconocieron que el texto aprobado por el legislativo reconocía la urgencia y necesidad de las medidas contenidas, con el texto en concreto aprobado, ello no es exigible jurídicamente.
Será ahora el Tribunal Supremo quien deba interpretar si eso es así o si, como demandan los afectados de Avite, el Gobierno central tiene una ineludible responsabilidad patrimonial frente a los afectados de la que debería responder pagando indemnizaciones.
