ECONOMIAPRIMERA PLANA

La quiebra de una aseguradora luxemburguesa pone en riesgo el ahorro de 40.000 clientes

Los afectados, que invirtieron una media de 11.000 euros en productos vendidos como alternativas a planes de pensiones, solo podrán recuperar entre el 20% y el 40% si no demandan judicialmente

Miércoles, 20 ago. 2025. REDACCIÓN
El proceso de liquidación de la aseguradora luxemburguesa FWU Life Insurance Lux S.A., en concurso de acreedores desde el pasado 31 de enero, ha generado un problema y mucha incertidumbre a cerca de 40.000 españoles que contrataron PIAS (Planes Individuales de Ahorro Sistemático) de esta entidad comercializados en España por OVB.
La resolución preliminar del liquidador luxemburgués indica que los afectados podrán recuperar como máximo un 40% del capital invertido, una cantidad que, en muchos casos, apenas alcanzará el 20%, según señala Ézaro Legal, que representa actualmente a más de 250 afectados por este caso, que realizaron una inversión media de 11.000 euros cada uno. Con estas cifras se estima que el montante total de los 40.000 afectados podría superar los 400 millones de euros, de los que hay riesgo de no poder recuperar nunca más de 340 millones.
Se trata, en su mayoría, de pequeños ahorradores de perfil conservador que contrataron este producto como una forma de complementar su jubilación. Personas que confiaron sus ahorros a largo plazo y que ahora se enfrentan la posibilidad real de perder más de la mitad del dinero que con esfuerzo reunieron a lo largo de los años.
La comunicación oficial remitida por el liquidador judicial de FWU ya ha comenzado a llegar a los clientes, quienes están recibiendo formularios pre-cumplimentados para aceptar un reembolso de máximo del 40% de lo que invirtieron. Sin embargo, las cantidades reconocidas en estos documentos son notablemente inferiores a las aportaciones reales efectuadas a lo largo de los años. Este desfase se debe, en gran parte, a las elevadas comisiones aplicadas por la intermediaria OVB y a la valoración reducida de las pólizas, señala el despacho de abogados Ézaro Legal.

Comercialización opaca

Los PIAS afectados eran, en realidad, productos “Unit Linked”, cuya rentabilidad dependía de inversiones en fondos y cuyo riesgo recaía íntegramente sobre el cliente. A pesar de esto, muchos consumidores adquirieron estos productos creyendo que estaban contratando un producto de ahorro sin riesgo, similar a un plan de pensiones. La falta de información clara, precisa y adaptada al perfil del cliente les llevó a contratar este producto.
Ézaro Legal insiste en que el problema no está en el producto en si, sino en la forma en la que fue vendido por OVB. “La clave jurídica está en la falta de transparencia en la comercialización. Nuestros clientes nunca fueron advertidos de los riesgos ni de las consecuencias que tendría una eventual insolvencia del asegurador”, explica Arantxa Jaén, directora jurídica de Ézaro Legal.

Qué pueden hacer los afectados

Los afectados tienen hasta el 31 de enero de 2028 para comunicar sus pérdidas en el proceso de liquidación, pero deben hacerlo con cautela. Si aceptan sin más el importe pre-cumplimentado por FWU, estarán renunciando a reclamar una cantidad mayor. Por el contrario, rechazar la oferta actual no supone renunciar a ella; simplemente implica mostrar su disconformidad con la cantidad propuesta. Esta acción es necesaria para poder emprender posteriormente un proceso judicial contra OVB por falta de transparencia en la comercialización. Aceptar la oferta del liquidador, en cambio, implica la imposibilidad de reclamar por vía judicial, y por lo tanto renunciar a recuperar la inversión íntegra.
Por ello, desde Ézaro Legal se recomienda marcar la casilla de “rechazo” en el formulario recibido y presentar toda la documentación acreditativa de las aportaciones realizadas, a fin de reclamar la totalidad del capital invertido.
Además, la vía judicial en España contra OVB por comercialización indebida sigue siendo la opción más sólida para recuperar el 100% del dinero, junto con los intereses legales.
“Esto no es un caso aislado. Se trata de un patrón de comportamiento que ha afectado a miles de personas. Nuestro compromiso es lograr que la justicia no dependa de la información que se oculte, sino de los derechos que se deben respetar”, concluye Arantxa Jaén, directora jurídica de Ézaro Legal.

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