Detenidos los dueños de una tienda que habrían estafado a cien compradores de electrodomésticos
El establecimiento los cobraba cuando los clientes los elegían pero luego no los entregaba
Miércoles, 6 mar. 2024. REDACCIÓN
Agentes de la Policía Nacional han detenido a cuatro hombres de entre 34 y 55 años de dad como presuntos autores de un delito de estafa e insolvencia punible.
Los detenidos estarían detrás de la sociedad que regentaba un establecimiento de venta de electrodomésticos situado en el Barrio del Progreso de Murcia en el más de un centenar de ciudadanos de toda la Región habrían realizado compras de electrodomésticos. Los compradores pagaban los mismos al elegirlos y quedaban pendientes del envío a domicilio de los aparatos adquiridos, sin que llegaran. La tienda finalmente cerró.
El valor de los electrodomésticos vendidos y nunca entregados está en torno a los 80.000 euros. En uno de los casos un solo comprador adquirió electrodomésticos por valor de diez mil euros.
La Policía sospecha que los autores de estos hechos se apropiaban del dinero a la vez que descapitalizaban la empresa antes de cerrarla.
OCU denuncia a una farmacia online
Por otra parte, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha denunciado ante la Dirección General de Consumo del Ministerio de Asuntos Sociales, Consumo y Agenda 2030 a la farmacia digital Farmaferoles, “por el incumplimiento reiterado de las obligaciones que establece la Ley general para la defensa de los consumidores (LGDC) en las ventas por internet”, señala la OCU en un comunicado.
OCU ha recibido más de 680 reclamaciones públicas a través de su plataforma Reclamar, una herramienta que permite poner en contacto a consumidores y empresas con el objetivo de facilitar la resolución de controversias y reclamaciones en materia de consumo. La gran mayoría de reclamaciones de usuarios de esta farmacia online, domiciliada en Burgos, tienen que ver con la falta de entrega de los pedidos realizados y con la falta o retraso en el reembolso de los mismos.
OCU ya presentó una denuncia ante la Dirección General de Comercio y Consumo de la Junta de Castilla y León, que “fue archivada sin motivación alguna”. Ahora, la organización de Consumidores, dado que los afectados son de todo el país, ha presentado la denuncia ante la Subdirección General de Inspección y Procedimiento Sancionador del Ministerio de Asuntos Sociales, Consumo y Agenda 2030.
